Ciudad de México.- En la guerra y en el amor todo se vale, en especial cuando el conflicto está relacionado con el “amor” al poder. Las campañas electorales en 12 estados rumbo al próximo 5 de junio evidencian que los candidatos, partidistas e independientes, están dispuestos a todo con tal de ganar la credibilidad de la ciudadanía y sobre todo el ansiado voto que les permita imponerse en las urnas. Acusaciones de pederastia, corrupción, narconexos y la filtración de conversaciones telefónicas o de supuestos documentos donde aparecen cuentas millonarias, son algunos de los elementos que reflejan la intempestiva tormenta política que se vive en Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, y que se avecina para el resto del país rumbo a la sucesión presidencial de 2018. Más allá de las propuestas, generación de empleos, salud, o combate a la inseguridad, la promesa que se ha convertido en una tendencia para captar a un indeciso electorado es enviar a la cárcel al gobernador en turno. En algunos estados, como Tamaulipas, la presencia del crimen organizado en el proceso electoral es patente, lo que torna a los comicios no sólo en sucios, sino en peligrosos, tras las acusaciones de que candidatos y líderes de partidos políticos desisten en favor de algún candidato por sus nexos con organizaciones criminales. Sin embargo, en el país ocurre un fenómeno que no cambia no importa las elecciones que pasen. Muchas de las acusaciones entre adversarios se hacen sin pruebas sólidas y sin la intención de que se investiguen por las autoridades, lo que vuelve a la “guerra sucia” en una guerra de difamaciones. Esto es parte del ambiente de impunidad que impera en México, con una estrategia electoral que sólo busca lastimar, pero jamás llevar a los adversarios ante la justicia. DISCURSO POBRE Y REACCIÓN MÍNIMA Gustavo López Montiel, politólogo y catedrático del Instituto Tecnológico de Monterrey, señaló que no es la “mala memoria” de los electores la que no haga exigir rendición de cuentas cuando se denuncian actos de corrupción, sino la impunidad que priva en México. “En México hay más impunidad que olvido. Muchos casos de los que se conocen en las campañas no se castigan”, subrayó. Las campañas negras también son llamadas de contraste, pues permiten que cierta información de los candidatos o los partidos llegue a los electores, aunque se establecen ciertos criterios en la ley electoral, ésta tiene algunos recovecos que permiten que las campañas puedan contener elementos de guerra sucia. “Aquí los candidatos no están obligados a decir la verdad, así que los ciudadanos no pueden distinguir entre una acusación para difamar y otra para denunciar un hecho ilícito. En México, cuando sale algún tema que abona a una campaña negra es muy difícil rastrear de dónde viene y a quién se debe perseguir”, sostuvo el investigador. Por ello, las campañas negras terminan debilitando a las instituciones y al sistema político nacional. No tanto por las acusaciones que se hacen entre los adversarios, sino porque no pasa nada después de que se conocen. Todo queda en la impunidad debido a que no hay investigaciones. “Lastima a todos si las cosas que se dicen son mentira. si las cosas que se dicen sobre un candidato fueran ciertas y gana la elección, tendría que enfrentar un juicio, lo cual nunca ocurre; si es mentira, lastima a todos”, señaló. ‘CADA ELECCIÓN TIENE SU CONDICIÓN’ En una larga entrevista concedida a La Jornada, el presidente Enrique Peña Nieto conversó sobre Ayotzinapa, los estragos de la reforma educativa, los avances de la reforma energética, el matrimonio igualitario, la legalización de la mariguana, el malestar social reflejado en las redes sociales y el drástico panorama que enfrenta la democracia este año con las elecciones en puerta. De Ayotzinapa, la asignatura perpetua, expresó perplejo: “No he logrado entender cuándo pasó el Gobierno (federal) a ser señalado implicado, culpable, pues el único interés ha sido esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala”. Tampoco encuentra motivos para el mal humor social, pero identifica en las redes sociales son la nueva plaza pública “donde hay todo tipo de reacciones” y asegura que en general “a todos les está yendo bien”. Sin embargo, Peña Nieto observa la gran efervescencia de las elecciones con “campañas que han estado cargadas de mucho lodo y basura”. “No es el mejor tono de una campaña. Siempre he estado en favor de las campañas limpias y propositivas. Sin embargo, (ahora) en todos los partidos se han respondido unos a otros de forma a veces muy sucia, muy agresiva. Pero tampoco debe sorprendernos”, aseguró. El Presidente reiteró que ese no es un ambiente deseable para la democracia, por lo que confió que el voto informado y “el criterio de la gente” prevalecerán y descartó que éste sea un preámbulo de lo que se verá en 2018. “Cada elección tiene su condición; ninguna puede proyectar un resultado del mañana. De eso estoy absolutamente convencido. Cada una tiene su condición, su dinámica, su juego, equilibrios, balances. Vamos a tener estos resultados. Punto. ¿Y tienen que ver algo o sin proyección de lo que pueda ocurrir en 2018? Creo que no”, aseguró.

Nueva York.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes que se encuentra en una grave crisis financiera cuyas consecuencias incluyen la suspensión de visitas de vigilancia a países miembros, sesiones ya programadas para julio y octubre y el inminente despido de 40 por ciento del personal.

En un comunicado la CIDH informó que atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad de cumplir con su mandato y funciones básicas. Agregó que el próximo 31 de julio se vencen los contratos de 40 por ciento del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos.

Alerta: sería alarmante para la CIDH que esta situación tuviera por resultado el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato, y lamenta que no podrá cumplir con tareas ya programadas para este año. Expresa preocupación por el impacto de esta crisis para atender denuncias de violaciones de derechos humanos, y por el estado de indefensión en que se quedarán miles de visitas de vigilancia respecto de violaciones de derechos humanos.

A la vez, expresa preocupación de que esta emergencia financiera pudiera resultar en la pérdida de funcionarios que han trabajado en la causa de la CIDH.

A pesar de esfuerzos para obtener donaciones, algunas ya prometidas pero no cumplidas, la CIDH “hace un llamado a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y otros, para aportar los recursos necesarios antes del 15 de junio, para poder evitar esta situación catastrófica.

Más allá de esta crisis inmediata, la CIDH señala que durante un par de décadas ha padecido falta de apoyo financiero suficiente para cumplir el mandato que los estados miembros de la OEA le han asignado. Señala que su presupuesto para el año en curso es de menos de 5 millones de dólares y que el personal financiado por la OEA suma 31 empleados (cifra menor que el total de los países miembros).

Aunque los países miembros, durante años, han aprobado en Asamblea General resoluciones para atender la insuficiencia de apoyo para la CIDH, esto no ha fructificado en la asignación de más fondos.

Por lo tanto, la CIDH declaró que espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión histórica y trascendental que refleje el compromiso de los estados con la defensa de los derechos humanos en la región, y que eso conduzca a aumentar de manera radical el presupuesto.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, establecido en el rubro de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General.

El perfil público de la CIDH fue elevado tanto en México como en Estados Unidos en torno a las labores de su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso de Ayotzinapa.

La Jornada

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