En encuentro estatal, comunidades repudian proyectos mineros en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, rechazaron programas del gobierno federal como Procede y Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-Fanar), debido a que, con ellos, acusaron, se pretende privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades.

De igual forma, en su pronunciamiento, condenaron el hostigamiento desarrollado por la Procuraduría Agraria que, a través de los visitadores agrarios, pretende imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

“Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal y estatal, a las empresas extractivas y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que no aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros”, añadieron.

Y advirtieron que “no aceptaremos la implementación de ningún trabajo de prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna”.

Igual explicaron que “el agua, los bosques y las semillas, entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio, son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos”.

El encuentro se realizó en Magdalena Teitipac, Tlacolula, donde el tema central fue su lucha por la defensa de la tierra y el territorio y en contra de la imposición del modelo extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el amparo de las leyes mexicanas.

Durante tres días, los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiaron experiencias para continuar fortaleciendo sus procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios.

También mencionaron que “los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales, como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de tres mil mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto les dan sentido de pertenencia.

En su pronunciamiento, denunciaron “el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado”.

Incluso consideraron que “la militarización y presencia de la Gendarmería son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio”.

Por consiguiente, “nos hermanamos como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno”.

Finalmente, reconocieron a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los “proyectos de muerte” que han significado los megaproyectos en sus territorios.

En el encuentro se solidarizaron con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia, como Magdalena Teitipac, Tlacolula, San José del Progreso; Pasta de Conchos, Coahuila; Chicomuselo, Chiapas, así como con Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) y Comunidades del Istmo de Tehuantepec, entre otras.

También se sumaron a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones entregadas en Enriqueta y El Doctor, en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso, y Los Ocotes, en Ejutla de Crespo.

Así como en Los Ocotes I, Reducción Taviche Oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute II, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán I en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el gobierno federal “sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos”.

Por último, exigieron el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que se “respete nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones como pueblos y comunidades”.

Fuente: Proceso

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