En Oaxaca iniciarán campaña por la libertad del activista Pablo López

Oaxaca. Defensores de derechos humanos anunciaron este martes el inicio de una campaña internacional para demandar la liberación del activista Pablo López Alavez, acusado de un homicidio que, aseguran, no cometió, y sostienen que el gobierno estatal del priísta Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) lo aprehendió por su labor a favor de los bosques de la Sierra Norte de Ixtlán, Oaxaca.

En conferencia de prensa, Bellanira López, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, anunció que 18 organizaciones nacionales e internacionales divulgarán que Pablo López, detenido el 15 de agosto de 2010, fue arrestado de manera arbitraria e ilegal.

Acompañada de Yolanda Pérez Cruz, la esposa de López Alavez, Bellanira adelantó que se buscará un acercamiento con el gobierno federal para que el caso sea analizado, pues tiene inconsistencias desde su detención, la cual se registró sin orden de arresto, hasta la presentación de testigos que únicamente declararon en una ocasión y no volvieron a presentarse.

No se solicitará ni aceptará una amnistía para Pablo López, pues es inocente del delito que se le atribuye y por el cual fue sentenciado a 30 años de prisión, además que su detención y encarcelamiento se debe a su activismo en defensa de la tierra y el territorio, en contra de la tala clandestina en su pueblo San Isidro Aloapam, explicó.

Damián Gallardo, defensor de los derechos humanos, refirió que el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió la opinión 23/2017, en la que se da cuenta de las violaciones en el proceso del defensor. En el documento, expertos de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron la liberación del activista y la reparación del daño cometido en su contra; sin embargo, se ratificó su sentencia de 30 años de prisión.

La activista Eva Lucero refirió que junto con las claras violaciones al debido proceso, asimismo se ha amenazado y perseguido a familiares de Pablo López, que debieron abandonar su casa y se volvieron en desplazados, por lo que la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca emitió medidas cautelares a su favor, mismas que no se han cumplido.

Fuente La Jornada

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