Tortura fue excepcional en caso Ayotzinapa, contesta gobierno a la ONU

La OACNUDH recalca que hay fuertes elementos que muestran que 34 procesados por este caso fueron torturados para auto-inculparse y señalar a otros posibles responsables, entre otras violaciones a sus garantías

Ciudad de México. El gobierno federal respondió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que el informe que emitió sobre el caso Ayotzinapa les preocupa porque arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, y aseguró que tiene vacíos de información.

En el documento que difundió este jueves, la OACNUDH recalca que hay fuertes elementos que muestran que 34 procesados por este caso fueron torturados para auto-inculparse y señalar a otros posibles responsables, entre otras violaciones a sus garantías.

Al respecto el gobierno federal sostuvo que “las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes”.

Sobre los posibles hechos de tortura – en un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) en conjunto con la Secretaría de Gobernación y la cancillería -, el gobierno mexicano indica que, tras aplicar el Protocolo de Estambul, el cual calificó como una medida acorde los más altos estándares internacionales existentes, “no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

Afirmó que la aplicación de dichos protocolos fue omitida en el informe. “Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones” que planteó la OACNUDH. En diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la OACNUDH, señaló el gobierno federal, compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes”, entre ellas a la metodología y justificó que las causas penales sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, se sustentan con otras pruebas, además de las declaraciones de los detenidos.

También indicó que se mantiene un compromiso del gobierno federal en dicha investigación para agotar todas las líneas de investigación que permitan conocer lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables. “Se reitera una vez más el compromiso del Gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención psicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas”. Agregó que continuará trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, así como con los familiares de las víctimas.

Fuente> La Jornada

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